Contexto Social

España, y Europa en general, enmarcan sus políticas migratorias en leyes de extranjería restrictivas y represivas que condicionan la vida de un número importante de migrantes a quienes, una vez instalados en el país, se les niega el derecho humano a migrar, colocándolos en una situación de suma precariedad, sin derechos políticos y sociales y de salud.

Un modelo ineficiente: En estas tres décadas de cierre hermético de las fronteras, Europa ha visto aumentar la población migrante de manera constante. Las políticas represivas no logran su objetivo puesto que los flujos migratorios se mantienen constantes. Europa recibe el 3,4% de los migrantes internacionales, que a su vez representan el 3% de la población mundial.

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Un modelo costoso: Sólo en blindar sus fronteras, Europa gastó entre el 2007 y el 2013 cerca de 2000 millones de Euros.  Casi tres veces más que los fondos utilizados para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, según Amnistía Internacional.  También hay costes humanos asociados a estas políticas represivas.  Hoy el Mediterráneo es la mayor fosa común, con unas 30.000 personas allí sepultadas en los últimos 14 años.  Tan sólo en el año 2014, se estima que alrededor de 4000 personas murieron intentando alcanzar las costas europeas, un desastre humanitario.

Un modelo irracional: La mayoría de los inmigrantes entran en España por avión, como turistas, y no cruzando las vallas de Ceuta y Melilla.  En el año 2013 entraron de forma irregular 33.913 personas.  De ellas sólo el 4,79% lo hizo por Ceuta, el 7,78% por Melilla y, en ambos casos, la mayoría no llegó saltando la valla.  A pesar de esto, desde el 2005 los sucesivos gobiernos han gastado 72 millones en la “seguridad” de las vallas de Ceuta y Melilla.  Estas medidas, acompañadas de los mensajes que se difunden en los medios de comunicación, refuerzan una frontera que no sólo es física, sino también psicológica y simbólica.

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Entrevistando a Ibrahima Seydi, una de las 12 historias de vida. Ibrahima da cuenta de la realidad de los asentamientos y la lucha de sus habitantes por una vida digna y contra las políticas antisociales que los marginan y excluyen.

Un modelo que genera exclusión social: Carecer del permiso de residencia no es un delito, sino una infracción administrativa que según la Ley de Extranjería debería conllevar una multa y excepcionalmente, la expulsión del país. Una persona sin papeles no puede trabajar legalmente ni por tanto cotizar y esto supone un problema en trámites cotidianos como contratar una línea de teléfono, alquilar una vivienda o conseguir un abono para el transporte.   Las personas en situación irregular, no habiendo cometido delito alguno, corren el riesgo de ser encarceladas en los Centros de Internamiento de Extranjeros durante 60 días a la espera de una posible deportación.  En el año 2013, 9002 migrantes fueron privados de su libertad y no se pudo deportar al 47,51% por no poder acreditar su nacionalidad o carecer de convenios de extradición. Las personas no deportadas son liberadas sin ningún documento que acredite su condición de inexpulsable, lo que los deja en situación de vulnerabilidad y en riesgo de volver a ser detenidos nuevamente.

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Un modelo que niega la realidad y las necesidades del continente:  Por un lado, todos los informes económicos muestran que tanto Europa como España necesitan y necesitarán aún más de migrantes puesto que sus poblaciones envejecen y declinan. Por otro lado, tal como muestra el informe elaborado por la Obra Social “La Caixa”, “Inmigración y Estado de bienestar en España” (2011),  la inmigración ha actuado como un importante factor dinamizador de la economía española en los últimos lustros y ha contribuido a consolidar el sistema de protección social en nuestro país.  El estudio muestra que los inmigrantes aportan más de lo que reciben ya que siendo el 12% de la población sólo utilizan un 5% de los servicios. El estudio de “La Caixa” explica como los resultados “chocan ” con la percepción general de la población.

En la foto salen Emma, responsable de formación de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Kusbhu y Basanta, que escaparon de Nepal para llevar adelante su historia de amor y que aquí sufrieron las consecuencias de una Europa que le da la espalda a los refugiados y Soly Malamine, responsable del Espai Mescladís donde ahora trabaja Kusbhu y dónde en su momento realizó su formación como camarera.

En la foto salen Emma, responsable de formación de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Kusbhu y Basanta, que escaparon de Nepal para llevar adelante su historia de amor y que aquí sufrieron las consecuencias de una Europa que le da la espalda a los refugiados y Soly Malamine, responsable del Espai Mescladís donde ahora trabaja Kusbhu y dónde en su momento realizó su formación como camarera.

En definitiva, el actual marco regulatorio es ineficaz, comporta la violación sistemática de derechos humanos fundamentales, criminaliza las víctimas, no resuelve las causas subyacentes, contradice las necesidades reales del continente y conlleva un coste humano inaceptable.  Este es el caso con los migrantes indocumentados, para quienes, tal como dice Catherine Wihtol de Wenden, directora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y especialista en migraciones internacionales, “la partida esta lejos de ser ganada, pero las movilizaciones por el derecho a migrar y por los derechos de los migrantes va a tomar, a lo largo del siglo XXI, una dimensión comparable a la que pudo representar, en su tiempo, la campaña por la abolición de la esclavitud”.

En este contexto, nosotros consideramos que es imprescindible un giro de 180º a la actual lógica en las políticas migratorias para que estas finalmente se ajusten a la legislación internacional vigente: Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Convención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias de 1990 y las diversas convenciones de la OIT que garantizan el derecho a migrar.

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Necesitamos una fuerte convicción en nuestras posiciones y potentes campañas de incidencia social y política que nos permita desmantelar las estructuras que el mundo político europeo ha montado en estos últimos 30 años.  La abolición del actual marco migratorio represivo sólo tendrá lugar cuando las mayorías entiendan que otra política migratoria no sólo es posible, si no que es necesaria, económicamente viable y moralmente imprescindible.

Este cambio de paradigma será posible recuperando la memoria migrante de nuestra sociedad y haciendo visible las historias de lucha, superación, enriquecimiento y convivencia de nuestros barrios diversos.  Esto intenta el programa Diálogos Migrantes, a través de cada uno de los proyectos ya realizados y del proyecto Diálogos Invisibles que aquí presentamos.

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Sam, técnico de la Fundación CEPAIM e Ibrahima Seydi, artista y activista, darán testimonio de la realidad de los asentamientos.

 

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